El nuevo código Penal exige a todas las empresas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.
Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.
